Luego de desconocer la orden de detención domiciliaria que el juez Mario Velázquez había dictado en su contra y de encadenarse, la dirigente indigenista Margarita Mamaní se marchó a su casa de El Mollar. No fue un repliegue completo puesto que, pese a que Velázquez había dispuesto el desalojo de todos los particulares, familiares de Mamaní y algunos seguidores tomaron el relevo en el kilómetro 48 de la ruta 307, donde la imputada vigilaba el ingreso a los Valles desde el 19 de marzo. Si bien la Policía y hasta algunos gendarmes recuperaron ayer el control del tránsito en el punto del camino conocido como “Puente Ing. Roberto Robles Mendilaharzu”, persistía el estado de confusión provocado por el levantamiento contra la autoridad judicial acaecido el jueves y el silencio del Gobierno (se informa por separado). Además, no estaba claro si Mamaní había decidido acatar la decisión de la privación de la libertad, como explicó su hermana Verónica Mamaní, o sólo se había retirado a descansar para redoblar la lucha contra quienes pretenden introducir la covid-19 en su territorio, como manifestó su hija, Eliana Romano.
Sí quedó a la vista este 1 de mayo, Día del Trabajador, que la Justicia sostiene la decisión de privar de la libertad a la indigenista, que se presenta como cacica diaguita de El Mollar -título que también ostenta Enrique Cruz, quien el 24 de abril la denunció por supuestos abusos de poder y violación de la cuarentena obligatoria-. Eudoro Albo y Enrique Pedicone, vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, rechazaron el hábeas corpus que había presentado el defensor de Mamaní, Juan Carlos Benedicto Fernández, y aplicaron las costas a la comunera. Esta resolución avaló el proceder del magistrado de Instrucción en lo Penal de Monteros: los camaristas consideraron que la orden de detención domiciliaria tenía una fundamentación adecuada y que había sido emitida por un órgano competente en el ámbito de la investigación que dirige la fiscala Mónica García de Targa. “No implica ningún acto, omisión, o hecho arbitrario e ilegítimo”, dijeron. Albo y Pedicone explicitaron el respaldo a Velázquez al añadir que, lejos de incurrir en un exceso, las razones que aquel había invocado debían ser observadas para preservar la legalidad en una sociedad democrática y republicana.
La orden de privación de la libertad de Mamaní y de desalojo de los particulares del corte de la ruta 307 atribuye a la imputada la supuesta comisión de cuatro actos ilícitos: violación de las medidas (cuarentena forzosa) para impedir la propagación de una pandemia; impedimento o entorpecimiento del transporte de personas por tierra; usurpación de autoridad e instigación a cometer delitos. En su resolución, Velázquez menciona que el 3 de abril, un equipo del Ministerio Público Fiscal se acercó hasta el corte y preguntó a un policía quién estaba al mando, y este le respondió que Mamaní era la encargada. La misma versión refirieron las denunciantes Lucía Terán, quien intentaba ingresar a Tafí del Valle porque había sufrido un robo en su propiedad, y María Estela Taboada, que comentó que un policía le había comunicado que tenía que pedir autorización a la indigenista para bajar a esta capital: según su relato, Mamaní le permitió irse con la advertencia de que no podría volver. A esos hechos se sumaron los sucesos descritos por Cruz, quien incluso aportó datos de testigos que habían dicho que les exigieron dinero para dejarlos pasar.
Velázquez razonó que, si bien al principio la población confundió la cuarentena con vacaciones e intentó invadir las villas turísticas de la provincia, entre ellas las de los Valles, y que eso había motivado la reacción de los lugareños, ya había transcurrido tiempo suficiente para que el Estado organizara la fiscalización de las medidas preventivas del nuevo coronavirus dispuestas por el presidente Alberto Fernández el 20 de marzo. “Al día de la fecha (29 de abril), la ciudadana Mamaní sigue apostada sobre la ruta 307 en violación constante de la obligación de permanecer en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, según el Decreto 297. La denunciada, además, se atribuye facultades que no tiene ni le corresponden: decide quién pasa y quién no, y genera innumerables perjuicios a la población mediante el ejercicio de facultades indelegables del Estado”, dijo el magistrado, quien exhortó a la fiscala García de Targa a investigar al personal de la Comisaría de El Mollar y a los policías que habían estado con Mamaní a los fines de determinar si habrían cometido delitos.
“Muerta me van a sacar”
Aunque la Policía detuvo a hartos presuntos violadores de la cuarentena, no pudo con Mamaní. El procedimiento debía ser practicado entre las 8 y las 18 del 30 de abril por la Guardia de Infantería de la provincia con el apoyo de las fuerzas del Ministerio de Seguridad de la Nación afectadas al Comité Operativo de Emergencia de la Provincia, pero los agentes locales llegaron al puente Mendilaharzu al mediodía y sin la asistencia federal (se informa por separado). Dos horas antes, Mamaní ya había dado aviso de la medida por medio de las redes sociales y sus seguidores la rodearon. Cuando la Infantería notificó la resolución judicial, los comuneros respondieron que “correría sangre” si avanzaban con la detención y el desalojo, según el acta del jefe interino, subcomisario Cristian Javier Valenzuela. Hasta el intendente tafinisto Francisco Caliva se presentó para dar su apoyo a Mamaní y festejó la frustración del operativo. “Acompañamos a Margarita, aunque sabemos que hay una desobediencia. La gente no quiere que se vaya del corte”, explicó (se informa por separado).
Después de haber torcido el brazo a la Infantería y encadenada a un poste, la indigenista renovó su mensaje de “resistencia”. “A toda la sociedad, a los medios y al mundo entero, quiero decirles que he recibido hostigamiento por parte del Poder Judicial a través del juez Velázquez. Él quiere detenerme por el sólo hecho de defender la salud del pueblo. Estamos aquí desde el 19 de marzo, y no puede ser que un juez venga a amedrentarnos y a calumniarnos porque los blancos quieran entrar y traernos la pandemia. Están violentando un decreto presidencial porque nosotros estamos desprotegidos del Gobierno tanto provincial como nacional, y nos vemos discriminados. Aquí estoy, aquí voy a vencer, muerta me van a sacar, señores del Poder Judicial. ¡Quédense en sus casas!”, exigió en una videograbación. El miércoles, Mamaní había dicho que ella no violaba la cuarentena porque el Gobierno la protegía, y mencionado que horas antes había recibido la visita del ministro de Seguridad Ciudadana, Claudio Maley.
“Seguimos aquí, como hace 43 días. Quedamos un número reducido de comuneros con la Policía y la Gendarmería. Todos juntos hacemos el control. Margarita está en su casa: se fue voluntariamente a cumplir la detención domiciliaria. Cuando solucione lo sucedido, volverá”, dijo Verónica Mamaní, quien se presentó como “hermana de la cacica”. Y añadió: “somos nosotros los que sabemos quiénes son de los Valle. La gente quiere subir a toda costa a hacer turismo. Nosotros no queremos el desalojo y decimos a los veraneantes que las casas están seguras. La comunidad recorrió la zona y queremos dar esa tranquilidad”. Eliana Romano, hija de la dirigente, comentó que su madre sólo estaba “descansando”. “Capaz que vuelva mañana o pasado a ver a su gente”, expresó por su parte. José Aguirre, oficial a cargo del puesto de control, ratificó que la Policía y algunos gendarmes estaban fiscalizando el acceso “con gente de la comunidad”. El agente dijo que desconocía si Mamaní persistía o no en la actitud de rebeldía. Pero fuentes judiciales confirmaron que la indigenista no se había presentado aún ante el juez Velázquez, como aquel había ordenado.
Silencio oficial: dos ministros callaron mientras que el vicepresidente 1° de la Legislatura repudió a la cacica
El Poder Ejecutivo del gobernador Juan Manzur no se pronunció sobre el levantamiento de seguidores de la dirigente indigenista Margarita Mamaní a la orden de detención domiciliaria y de desalojo dictada por el juez Mario Velázquez, y sobre el frustrado operativo policial en la ruta 307. Carolina Vargas Aignasse, ministra de Gobierno y Justicia, comunicó a LA GACETA que no iba a haber comentarios “por ahora” mientras que Claudio Maley, ministro de Seguridad Ciudadana, no contestó ayer los mensajes ni los llamados. El jueves, Gerónimo Vargas Aignasse, legislador oficialista y vicepresidente 1° de la Legislatura, repudió la conducta de Mamaní. “El respeto a los derechos y a la dignidad de los pueblos originarios no implica otorgarles atribuciones supralegales. Es inadmisible la actitud de la ‘cacique’ Mamaní. #TafídelValle #JusticiaUrgente”, tuiteó.
Voz opositora: Cano sugirió la intervención de Tafí y exigió a Manzur la ejecución de la orden judicial
El diputado José Cano (Juntos por el Cambio) evaluó que los hechos acaecidos en los Valles expresaban el desconocimiento del Estado de derecho. “Margarita Mamaní y el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, resistieron una orden dispuesta en un proceso judicial que persigue mantener el orden y bien común, y nos introdujeron en el terreno de la anomia. Hay gravedad institucional porque las actividades contrarias a la ley son alentadas por autoridades públicas como Caliva, cuyo derrotero de desórdenes personales e institucionales parece no tener fin, y que, incluso, autoriza a avanzar con la intervención del Municipio”, opinó. Cano instó al gobernador Juan Manzur a asegurar el cumplimiento de la orden del juez de la Constitución, Mario Velázquez, y “a poner fin al episodio de control paraestatal llevado adelante por Mamaní y sus adláteres”.